lunes, 7 de diciembre de 2009

Los medios en su ley: entre la libertad de prensa y la de empresa

El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desató una inédita polarización en la sociedad. Cómo se fue tratando cada uno de los puntos. Los actores, el marco regulatorio y una puja de poderes.
La propuesta gubernamental para una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desató un escenario inédito en la prensa argentina. Como nunca antes se polarizaron posiciones, se disfrazaron intereses empresariales y el debate se licuó en una antinomia incómoda: monopolio mediático vs. ley de control K. ¿Qué puntos se silenciaron? ¿En qué medida se busca un control real sobre el Grupo Clarín? Académicos, periodistas y referentes sociales analizan un panorama donde, por primera vez, los medios se ven obligados a hablar no sólo de su marco regulatorio, sino también de sus propios dueños.

Desde un principio, los grandes grupos “tomaron la decisión de no ingresar a los temas de la ley, sino realizar un rechazo global a la propuesta”, opina el sociólogo Luis Alberto Quevedo. El 28 de agosto, un día después de que Cristina anunciara la iniciativa, Clarín anticipó el tono de la pelea. “Presentan la ley para controlar a los medios. El Gobierno quiere avanzar sobre la prensa independiente”, decía desde su portada. Mientras volvía a casa en subte, el lector pudo reforzar el concepto: “Envían el proyecto para amordazar a los medios”, titulaba La Razón, otro diario del grupo. Algo más leve, La Nación publicaba: “Lanzan la ley de radiodifusión con un duro ataque a la prensa”.

Una vez enviado el proyecto al Parlamento “se desató una de las campañas más agresivas y brutales que vi hasta ahora, de la que no conozco antecedentes en el mundo”, se sorprende Quevedo. Sobre todo después de la ruptura del contrato con la AFA, Clarín comenzó una estrategia “agresiva y múltiple: la victimización del mundo de la prensa a manos del Gobierno y un intento muy fuerte de estigmatizar la ley con un nombre (‘ley K de control de medios’) y ponerla dentro de una campaña contra la libertad de expresión”. En ese operativo, “las 20 primeras páginas del diario son siempre contrarias al Gobierno, cobertura que después del mediodía se expande en Mitre, TN y Canal13”. Luego se sumó al cuestionamiento el grupo Vila-Manzano, de fuerte presencia en el interior.

Con el correr de los días los medios grandes se vieron obligados a filtrar algunas voces a favor, pero parcialmente y a desgano. En TN, la transmisión del debate en Diputados estuvo guiada por un zócalo que destacaba las opiniones contrarias y –cual Riverito sorteando el Loto– anunciaba que la ley “sale o sale”. El fin de semana fueron un paso más allá. Como una respuesta a la fallida metáfora presidencial sobre el “secuestro de los goles”, un institucional del canal advierte con gravedad: “TN puede desaparecer”. América 24 tampoco se quedó atrás: una placa se quejaba del “Cepo K” con una cuenta en horas, minutos y segundos iniciada en el momento en que se aprobó la ley en Diputados.

EN CONTRA Y A FAVOR. Con la moderación que lo distingue, Nelson Castro opina que la discusión está presente con todas las posturas, aunque remarca que “es muy difícil sustraerse al debate kirchnerismo-antikirchnerismo, donde hay defensas y ataques a rajatabla”. Además critica la ausencia del tema de la publicidad oficial en la discusión. La periodista María O’Donnell cree que son atendibles las críticas que piden más autonomía al Comfer, que “es inconcebible que los medios públicos sean elementos de propaganda”. También aporta una idea novedosa: incorporar a las coberturas la cláusula de full disclosure, mediante la cual se informa sobre cuáles son los intereses de la empresa para la cual se trabaja.

En ese sentido resulta interesante la postura del diario español El País. El 7 de septiembre reconocía que la nueva ley afectará “a las emisoras de radio del Grupo Prisa, editor de El País, que dispone de diez licencias”. El sinceramiento no le impidió ubicar a la Argentina en el malévolo “eje bolivariano” y denunciar que la iniciativa “revela en su articulado la voluntad de algunos mandatarios latinoamericanos de utilizar el poder para favorecer un ordenamiento legal destinado a limitar, si es que no a silenciar definitivamente, las críticas adversas”.

Lejos de los argumentos funcionales al statu quo (el teórico y militante del PO Carlos Mangone rechaza la ley porque el Gobierno no otorga personería gremial a la CTA), Eduardo de la Serna –coordinador del Grupo de Curas en Opción por los Pobres– cree razonable que se opongan al proyecto los grandes empresarios o los medios más poderosos, pero que lo hagan “los grupos democráticos populares resulta de una pequeñez o chiquitaje preocupante. Porque si la ley es K, K pasa y la ley queda”. En cuanto a los reparos por el posible control estatal, acepta que “Néstor y Cristina son autoritarios y no les gusta la crítica, pero el proyecto no toca a los diarios ni a Papel Prensa … Que Clarín y Prisa, en lugar de tener 400 medios tengan 100, no es control estatal, es ponerle límites a la ambición desmedida”. Recuerda que la iniciativa “fue debatida con los 21 puntos que elaboró la Coalición por una Radiodifusión Democrática”, pero “los grandes medios lo silenciaron y ahora dicen que falta tiempo para el debate”.

Frank La Rue, relator de Libertad de Expresión de la ONU opinó que el proyecto es “un ejemplo para todos los demás países”. Para Adolfo Pérez Esquivel, “contempla desterrar los monopolios”. La carrera de Comunicación de la UBA también fijó su posición en un documento: “La derogación de la ley de la dictadura y su sustitución por una ley congruente con un estado de derecho es un acontecimiento que requiere un apoyo explícito e inequívoco”. Aunque las asociaciones locales de entidades periodísticas, radiodifusoras privadas y telerradiodifusoras se mostraron preocupadas porque la iniciativa “parece orientada a afectar la viabilidad económica” de las empresas, Fopea lamentó “la creciente restricción a la autonomía de los periodistas en varios medios”.

CLARÍN EN SU LABERINTO. En una nota del 13 de septiembre –“De qué hablamos cuando hablamos de monopolio: refutación al argumento preferido del Gobierno”– se critica el hecho de que el estigma “se le aplica a Clarín y por carácter transitivo a sus periodistas”. La nota recuerda que esa situación se produce cuando existe “un mercado en el cual hay un solo oferente del producto o servicio en cuestión”. Luego aclaraba que el multimedios no infringía la ley, al poseer uno de los cinco canales de aire de Buenos Aires, una AM y una FM y un canal de noticias. De la Serna contraataca: “No gusta que le digan monopolio y tienen razón: son un oligopolio”.

Jorge Fontevecchia –crítico acérrimo del kirchnerismo– intervino en la discusión de forma inesperada. “En el pasado –aseguró el 5 de septiembre en Perfil– sólo los políticos y los periodistas sabíamos que Clarín acomodaba su línea editorial en función de sus intereses comerciales”, pero Kirchner “logró infligirle al Grupo una seria derrota al establecer en todos los ciudadanos que Clarín adecua su visión de la realidad a causas extraperiodísticas y extraideológicas”. Como para que no quedaran dudas, argumentó que el diario “se está ocasionando aún más heridas al pasarse a una actitud opositora fanática, plagada de adjetivos y evidente hasta para el más iletrado de los argentinos, después de haberse destacado durante años por un oficialismo inequívoco”.

Es importante diferenciar al Grupo, como empleador, de sus periodistas. Miriam Lewin, de Telenoche investiga, cree que “hay un estado de crispación general de un lado y del otro, pero es muy difícil aseverar que el proyecto sea un ataque a la libertad de prensa”. Sergio Elguezábal, conductor de TN Ecología, reconoce: “Siempre me consideré un periodista independiente, pero soy consciente de que, por lo que ahora está en juego, prima un interés económico superlativo”. Sabe que los medios “están distribuyendo información sobre cuestiones que los involucran y nosotros demostramos que estamos insertos en esa lógica”. En su lugar, pide que “nos pongamos al servicio de construir un país diferente y otorgar herramientas para ayudar a pensar”. No fue el caso de Mirtha Legrand, cuya licencia para todo permitió preguntarle a uno de sus invitados: “Los medios, de acuerdo a la próxima ley de radiodifusión, ¿van a desaparecer, no?”.

En abril, después de escuchar el rechazo de Elisa Carrió al proyecto (“no tenemos ningún problema en defender a los llamados grupos económicos, si es para defender la libertad de expresión”), Víctor Hugo Morales retrucó que “los medios concentrados nos quitan el trabajo, nos condicionan, nos limitan. Ahí está uno de los reales enemigos de la libertad de prensa”. En su audiencia pública del 11 de septiembre reforzó el concepto: “Los gobiernos cambian, pero no se puede cambiar a los poderes que desconocemos, que la gente prácticamente no sabe que existen”. Sobre el final citó un titular de la revista Barcelona: “Por qué el periodismo independiente debe defender su ‘derecho inalienable a voltear gobiernos, impulsar lobbies empresariales, operar, crear imperios monopólicos y apropiarse de hijos de desaparecidos’”. Después de los aplausos, concluyó: “Les quiero pedir a los señores diputados que esto, que es una broma, no sea parte de nuestra realidad a partir del 10 de diciembre”.

Los escenarios legales sobre los que se discute la ley de radiodifusión

Guillermo Mastrini, titular de la materia Políticas y Planificación de la Comunicación, en la Universidad de Buenos Aires, explica los tres escenarios legales en los que se debate la radiodifusión argentina:

-La ley de la dictadura (ley 22.285): es “centralista”, ya que regula los medios desde el Poder Ejecutivo y favorece el predominio de los porteños, y “antimonopólica”, debido a que los militares fijaron restricciones a los multimedios, ya que “tenían miedo a la conformación de grupos como O Globo, que resultó muy crítico de la dictadura brasileña”. Es importante recordar que la norma se dictó cuando en la Argentina no había cable, internet ni celulares.

-Los “parches”: el menemismo “eliminó la legislación antimonopólica, auspició la integración de medios gráficos y audiovisuales y la formación de cadenas, al tiempo que acentuó el centralismo porteño”. Entre los autoritarismos caducos, Mastrini cita la conformación del Comfer –hoy intervenido– y el hecho de que “los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional”.

-El proyecto en debate: “Puede ser mejorado, pero el panorama cambiaría radicalmente porque habría un piso totalmente distinto. La nueva ley eliminará la discrecionalidad y, sobre todo, será democrática”. Aun así, el especialista avizora una judicialización del tema y una aplicación y reglamentación aún distantes. “Los grandes medios no quieren que se regule la comunicación en democracia”. Sus críticas se centran tanto en las modificaciones menemistas –durante ese período, el tope de licencias subió de cuatro a 24– como las kirchneristas –el decreto 527/05 prorrogó por 10 años todas las licencias de TV abierta, radio y TV por cable, impidiendo la entrada de nuevos licenciatarios.

El analista de medios Luis Alberto Quevedo reconoce que “la ley pondrá límites a la expansión: reducirá la posesión de licencias, la posibilidad de hacer negocios cruzados y la integración vertical de la industria de medios”. También recuerda que desde 1983 hubo unos 70 proyectos de modificación de la ley que no llegaron a tratarse por presión de los grupos de poder. Y critica el hecho de que “ni los grandes multimedios ni la oposición contraponen otro proyecto al del Ejecutivo”.

Premio SIP al Periodico Peruano PERUNEWS Review

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